Reformas a la estructura del Estado

La experta encargada de analizar esta temática fue Katherine Pineda, comunicadora social y periodista de la Universidad de la Sabana, actualmente es candidata a Magíster en Comunicación Política de la Universidad Austral, Argentina y profesora del Seminario Comunicación Pública de la Universidad de La Sabana.

“Es viable, porque Colombia necesita repensarse la forma en cómo elige al Fiscal General de la Nación y al Procurador.

En el caso del Fiscal, que no solamente sea una terna enviada por el presidente sino que también puedan participar otros órganos con terna, como de pronto lo hacen con el procurador o también, como se propone que entre a regular la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC), órgano autónomo e independiente encargado de  posicionar el mérito y la igualdad en el ingreso y desarrollo del empleo público, con todos los requisitos y meritocracia que se necesitan para poder postularse y llegar a ocupar ese cargo. Igualmente, si veo conflictivo que siga siendo una elección por parte del presidente, que la terna venga de allí por más que lo elija la Corte Suprema de Justicia.

“Es viable, el Sistema General de Participación, encargado de distribuir recursos de la nación a entidades territoriales principalmente para educación, servicios de salud y saneamiento básico, de acuerdo a la norma que lo concibe  ésta explícito la destinación de recursos exclusivos para el sector educativo, es decir, la norma está hecha, está clara, lo único que faltaría allí es proponer o crear una veeduría, no solo por parte de los ciudadanos, sino también, por algún organismo de control, para que en exclusiva, la vigilen, le hagan monitoreo para que se cumpla de principio a fin, y que todo el presupuesto que se destina allí para la educación, se logre ejecutar.

También, porque vemos que en los últimos años, uno de los reclamos en las manifestaciones sociales es la educación, y vemos que la ley está, la legislación está, incluso el dinero también. Por eso, para evitarnos esa serie de inconvenientes y malestares sociales, lo mejor es crear una veeduría para que se cumpla esa normatividad, y se logre ajustar también a los requerimientos de cada municipio o departamento, sabiendo que hay unos que necesitan de pronto un poco más de ayuda económica para poder fortalecer sus instituciones educativas, fortalecer también la oferta y preparación de los profesores.”

“Todas las propuestas que tengan que ver con la inclusión de las minorías son bienvenidas. No obstante, a esta propuesta la ubicaría en un color amarillo. Porque en este momento no se trata de crear más para dar más participación. Sino que con lo que ya está poder asegurar esa participación. Porque la creación de un ministerio implica más burocracia, más gasto público e inversiones grandísimas y pienso que en este tiempo de crisis económica se podría repensar un poco.” Por mencionar algunos ejemplos, el presupuesto para el año 2022 se distribuyó de esta manera: educación y defensa, $49,3 billones y $41,9 billones, respectivamente. Salud, $41,2 billones, trabajo $36 billones. Hacienda e inclusión social con asignaciones de $23,9 billones y $21,7 billones.

“De pronto a futuro si es viable, si la confianza en la institución se recupera. Pero en este momento, se puede crear un programa exclusivo en algún ministerio o desde las secretarías propias de cada municipio o departamento para atender a este grupo.”

“Esta propuesta la veo en color verde. Sobre todo hay que repensarse en la forma en cómo se elige al Procurador General de la Nación.” La procuraduría dentro sus funciones tiene la capacidad de establecer, de dictar sanciones disciplinarias, y se podría interpretar como un conflicto de intereses de que vaya a juzgar, incluso de manera imparcial, a quien lo ha elegido. 

Es el caso de la actual procuradora Margarita Ceballos, su nombramiento fue cuestionado desde el primer momento, por ejemplo “la Misión de Observación Electoral hizo entonces un comunicado lapidario: “Vemos con enorme preocupación que se elija en este cargo a una persona que no esté en condiciones de garantizar efectivamente la imparcialidad y autonomía frente al Gobierno.”

Y quien aún hoy sigue siendo fuertemente cuestionada por la suspensión del alcalde de Medellín Daniel Quintero. 

En cuanto a la contraloría general de la nación, aquí lo mejor también sería que aquellos organismos encargados de hacer la vigilancia de la contraloría, lo hagan, incluso que haya una veeduría ciudadana mucho más establecida, mucho más rigurosa, para poder hacer el control de los recursos y de nuestros recursos, en general a todo el Estado”.