Seguridad

Roberto García Alonso, es quien se encargó de analizar la viabilidad de las propuestas de esta temática. Es Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración; Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (España), Doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Máster en Democracia y Gobierno de la Universidad de Autónoma de Madrid (España).

“Plantea muchas medidas diferentes. No se indica en qué sentido se desarrollaría la reforma y con qué objetivo. 

“La relocalización de las cárceles es una medida extremadamente costosa.” 

Sin embargo, esta propuesta va de la mano con las políticas públicas de resocialización fijadas por las autoridades penitenciarias y carcelarias en Colombia. 

En donde se establece que “las personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios deben contar con alternativas y oportunidades que le permitan generar espacios de reflexión y crecimiento personal, para que de este modo puede llevarse a cabo un proceso de rehabilitación para la no reincidencia en el delito”, así lo afirmó Campo Elías Amaya en su libro titulado “El drama de las cárceles en Colombia”.

Por otro lado, respecto a la cero tolerancia con la corrupción es un lugar común. La corrupción no es una medida de cambio legal.

“Es una medida necesaria y relativamente sencilla de aplicar. Aunque no se menciona cómo se llevaría a cabo.”

Esta propuesta mantiene una estrecha relación con la reforma a la ley 1437 de 2011, en donde se “realiza una distribución armónica de competencias y se incrementa las cuantías para que lleguen al Consejo de Estado aquellas causas de mayor importancia, entre otras medidas, con el propósito de agilizar el trámite de los procesos que adelanta la jurisdicción. Teniendo en cuenta que para 2020, la Contraloría General de la República informó que el índice de congestión efectivo en la administración de justicia fue de 50,75%. 

Es decir, “por cada 100 procesos que se hallaban en los despachos judiciales en 2019, 50 quedaron pendientes para trámite y resolución de fondo al terminar el año.”

En este contexto, también interviene el número de jueces. En el país se tiene una tasa de 10,95 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el estándar internacional determinado por la OCDE es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes.

“Las operaciones de la fuerza pública en el territorio están enmarcadas en el respeto más escrupuloso a los Derechos Humanos y el DIH. Y es quizás de las fuerzas armadas del continente que más formación cuentan en esta materia. La medida suena muy popular de cara al público, pero no se cuenta con efectivos suficientes, ni mucho menos se explicitan las medidas logísticas necesarias para este tipo de operaciones.”

Sin embargo, son múltiples las denuncias que contradicen esta posición. 

En noviembre de 2019, 7 menores de edad murieron en un bombardeo militar en el departamento de Caquetá, eso le costó el puesto al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero. 

El senador Iván Cepeda, aseguró en noviembre de 2021, que durante el gobierno Duque se habían realizado 36 operaciones aéreas de las cuales se analizaron 21, encontrando como resultado que “en la tercera parte de los bombardeos se presentaron muertes de niños, niñas y adolescentes”

Y un después, otro operativo militar en Puerto Leguízamo, Putumayo convocó a un debate de moción de censura para el ministro de Defensa Diego Molano, el segundo desde su nombramiento, pero este fracasó.

“La propuesta podría contar con cierto rechazo de sectores de la fuerza pública. La propuesta de eliminar el servicio militar obligatorio y de convertir a la Policía en una fuerza no militar es una medida adecuada en el contexto de un país en tránsito hacía la paz.”

Al respecto, el senador Antonio Sanguino afirma que “la obligatoriedad del servicio militar desconoce el marco constitucional y legal que surgió con la firma e implementación del Acuerdo de Paz. El que exista el Servicio Militar Obligatorio es incentivar el conflicto, la violencia y la guerra.” 

En este caso, el servicio militar sería reemplazado por el servicio social, por ejemplo ayudar a la alfabetización digital, para capacitar a adultos mayores y población vulnerable en el uso productivo de las tecnologías digitales.

Es importante mencionar que el servicio militar voluntario se ha implementado en países como: Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y Canadá. En Europa en Alemania, España e Italia.